La Asamblea Nacional aprobó en su sesión ordinaria, de hoy martes, el crédito adicional por Bs. 3 mil 037 millones 285 mil 442 bolívares, el cual tiene por finalidad otorgar a los Estados, al Distrito Capital y a los Municipios, el aporte legal proveniente de los excedentes de los ingresos fiscales ordinarios del año 2011, por concepto de Situado Constitucional.
Estos recursos serán destinados al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia con el fin de distribuirlos a las regiones a través del Situado Constitucional.
El crédito adicional, por la cantidad de Bs. 3.037.285.442, será distribuido de la manera siguiente: gobernaciones y el Distrito Capital, Bs. 2.429.828.354; municipios, Bs. 607.457.088; Área Metropolitana de Caracas, Bs. 5.232.765,30; equivalente al diez por ciento (10%) de la cuota de participación en el Situado de cada uno de los municipios que integran esta entidad político territorial (Libertador del Distrito Capital, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del Estado Miranda).
El diputado Jesús Faría recomendó a las autoridades de los gobiernos estadales, distritales y locales que los recursos autorizados sean dirigidos para financiar gastos prioritarios; en especial, la cobertura del salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional el 25 de abril de 2011, con sus incidencias.
Estos recursos serán destinados al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia con el fin de distribuirlos a las regiones a través del Situado Constitucional.
El crédito adicional, por la cantidad de Bs. 3.037.285.442, será distribuido de la manera siguiente: gobernaciones y el Distrito Capital, Bs. 2.429.828.354; municipios, Bs. 607.457.088; Área Metropolitana de Caracas, Bs. 5.232.765,30; equivalente al diez por ciento (10%) de la cuota de participación en el Situado de cada uno de los municipios que integran esta entidad político territorial (Libertador del Distrito Capital, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del Estado Miranda).
El diputado Jesús Faría recomendó a las autoridades de los gobiernos estadales, distritales y locales que los recursos autorizados sean dirigidos para financiar gastos prioritarios; en especial, la cobertura del salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional el 25 de abril de 2011, con sus incidencias.
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