El procurador general del estado Miranda, Yahir Muñoz, indicó que las pruebas también involucran a todos los que ocuparon cargos directivos durante la gestión de las autoridades salientes
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El procurador general del gobierno del estado Miranda, Yahir Muñoz, presentó ayer ante la Contraloría General de la República un documento con datos que vinculan a Henrique Capriles Radonski con presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador del estado.
Entre las irregularidades que se le atribuyen a Capriles se encuentra la perdida de 2.046 vehículos pertenecientes a la flota de la gobernación. Explicó Muñoz que, según algunos documentos recabados, hay unidades que permanecieron más de siete años almacenadas en talleres mecánicos “que ya no existen”.
También se le atribuye la contratación irregular de voceros políticos del partido Primero Justicia, a quienes se les cancelaron “hasta 10 veces un salario mínimo, violentando cualquier tipo de normas y ley de emolumentos”.
Asimismo, denunció que un grupo de ciudadanos que habrían sido inhabilitados por la Controlaría General de la República ejercieron cargos durante la gestión del exgobernador de tendencia opositora.
DAÑOS INCUANTIFICABLES
De acuerdo con Muñoz, en el documento se enfatiza el caso del exprocurador general de la gobernación mirandina, Edward Jímenez, a quien se acusa de presunta complicidad con Capriles.
“Hemos venido (…) a presentar un escrito donde denunciamos la irregularidad de algunos hechos que pueden constituir delitos, (…) como es el caso de la ausencia por más de dos años del procurador saliente, lo que generó un estado de indefensión que, entre otras consecuencias, fue parte de las causas que condujeron a que la gobernación del estado Miranda fuese condenada en por lo menos nueve juicios”, agregó el denunciante.
En palabras de Muñoz, las pruebas consignadas comprometen a Capriles, al igual que a todas aquellas personas que ocuparon cargos de dirección en la gobernación durante los periodos 2008-2011 y 2012-2017.
Igualmente, expuso ante el contralor general Manuel Galindo Ballesteros la necesidad de dictar una medida de aseguramiento sobre los vienes del exgobernador hasta que sean restituidos todos los activos desaparecidos durante su administración, un daño que, según Muñoz, es “incuantificable”.
Anunció que en lo próximos días se realizará una rueda de prensa en la que detallará las anomalías halladas “en cada una de las dependencias de la gobernación”. Finalizó el encuentro con un llamado a Capriles Radonski, en el que le solicitó ponerse a derecho ante la justicia venezolana.
RESPUESTA INMEDIATA
Por su parte, el controlar general confirmó la recepción del documento “contentivo de presuntos hechos irregulares cometidos en la gobernación del estado bolivariano de Miranda, por las autoridades salientes”.
Aseguró que en respuesta a la solicitud, se iniciarían de inmediato las investigaciones previas de carácter sumario a fin de determinar en un lapso aproximado de 96 horas si los hechos denunciados son suficientes para determinar la responsabilidad administrativa de los exfuncionarios señalados.
En cuanto a las sanciones, Galindo Ballesteros indicó que estas dependerán de los resultados de la investigación y de los procedimientos administrativos establecidos en la ley que rige la materia.
No obstante, garantizó “plenamente” el derecho a la defensa y el debido proceso a las personas implicadas en la denuncia, al igual que “una fase sumaria con el fin de preservar la integridad física e intelectual de los denunciados y denunciadas”.
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