Gladys Seara
El ministro del Poder Popular para Industrias, Wilmer Barrientos, inspeccionó este 11 de febrero el Centro Textil El Castillo luego de recibir denuncias del pueblo de reincidencia en delitos económicos.
Durante una reunión con alcaldes y gobernadores para revisar la Ley Orgánica de Precios Justos, el Presidente dio el pase al ministro quien, luego de revisar precios y facturas, encontró inconsistencias y la negación de dar información requerida para constatar si la actividad comercial se realiza tal como lo manda la ley.
Al revisar las facturas, se encontró que después de los ajustes de precio acordados el pasado 14 de noviembre de 2013, un mismo artículo con distintos códigos y por ende con diversos precios. “Esto amerita una investigación a fondo, sobre todo porque no han sido sinceros en darnos la información”, comentó Barrientos.
El ministro explicó que no fueron consignados los movimientos de entrada y salida de inventario de mercancía desde la última fiscalización hasta la actualidad y se verificó que aunque negaban adquirir divisas oficiales, la empresa compró con dólar oficial a Bs. 6,30.
Según el artículo 49 de la LOPJ se aplicaron infracciones genéricas del numeral 2: “No suministrar información o suministrar información falsa o insuficiente”.
Barrientos también mencionó que se violó el artículo 45 de la LOPJ que señala sanciones aplicables a infracciones del reglamento como multa, suspensión temporal y ocupación temporal.
“Por no haber dado información suficiente para verificar el funcionamiento de los precios, la Superintendencia de Precios y Costos Justos hará su trabajo y se decidió ocupar temporalmente el comercio, el transporte y los depósitos por un máximo de 180 días para hacer una investigación profunda y seria”, aseveró Barrientos.
Acaparan azúcar en Bolívar
En horas de la noche de este 11 de febrero el superintendente para la Protección de los Derechos Socioeconómicos del Pueblo, Motta Domínguez, realizó unainspección en la distribuidora de víveres y frutas Gómez y Flores, en Puerto Ordaz.
Durante la inspección, el intendente encontró más de 500 mil kilos de azúcaracaparados lo cual representa 20% del consumo del pueblo del estado Bolívar.
Motta Domínguez aseguró que ya se emitió la orden de captura al dueño del establecimiento que funcionaba bajo una fachada de empresa socialista.
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