Los señalamientos contra las instituciones venezolanas parten en estos momentos desde el llamado a elecciones presidenciales que han efectuado, primeramente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y luego el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dichas instancias han convocado a elecciones para el 22 de abril, conforme a un acuerdo previo con los representantes del antichavismo venezolano, pero que no fue refrendado por la firma de estos en el marco de los diálogos en República Dominicana.
Esta decisión concurre luego de meses en que la oposición en Venezuela solicitara un adelanto de las elecciones presidenciales. También se unieron a esa solicitud, otros actores políticos antichavistas, como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), las vocerías del Departamento de Estado estadounidense y los países agrupados en el llamado Grupo de Lima.
Ante la inconstitucionalidad en Venezuela de efectuar un recorte del lapso de mandato presidencial en meses anteriores, la ANC, por su carácter plenipotenciario, ha establecido ahora una excepción emitiendo un recurso, una disposición transitoria a la vía constitucional facilitando la realización de elecciones presidenciales antes del tiempo constitucionalmente señalado. Luego de esta decisión, por condiciones de seria precariedad política en el sector opositor venezolano, estos se rehúsan a ir a elecciones.
Involucrados en esa narrativa y bajo el falaz argumento de que "no existen garantías electorales en Venezuela", el Grupo de Lima legitima y tutela a la oposición venezolana, en el marco de una agenda guiada por el Departamento de Estado. Llevando al entramado político venezolano a posibles nuevos ámbitos de turbulencia y confrontación y, en consecuencia, intentando debilitar las instituciones y la democracia venezolana.
El sistema político venezolano, perfectible, claramente, es por bastante sólido con respecto a otras referencias en el continente. En materia política y electoral, hay muchos "muertos en el clóset" en los países que integran la componenda contra Venezuela. Aquí traemos algunos odiosos ejemplos en algunos de los referidos países.
1. Donald Trump ganó con menos votos. EEUU, país que se autocalifica como el estandarte de la democracia mundial, en realidad posee uno de los sistemas electorales de segundo grado más retrógrados del mundo. El voto no necesariamente es directamente proporcional al resultado. En la justa electoral de Trump versus Hillary Clinton, fue Clinton quien resultó favorecida con mayor cantidad de votos: 48,18% contra un Trump que octuvo 46,09%.
No obstante, por haber tenido un mayor número de colegios electorales, acorde a un sistema (denominado D'Hont) que distribuye de manera desproporcionada las ponderaciones por puntos de cada colegio, Trump se alzó con la presidencia. Sólo tuvo que ganar en el sur de EEUU y algunos estados densamente poblados del norte para ser electo Presidente, con menos votos que su contrincante.
2. Michel Temer llegó al cargo sin un solo voto. Luego de un polémico y controvertido juicio contra la presidenta de Brasil (en aquel momento recién reelecta) Dilma Rousseff, esta es destituída del cargo por la componenda entre el parlamento y el poder judicial. Aunque en términos estrictamente legales esto era posible, los vacíos del juicio a Rousseff dieron fundamento para señalar su deposición como un "golpe de Estado parlamentario", o un episodio de alto nivel de la judicialización de la política como proceso en América Latina.
Desde esas instancias, Michel Temer llega al poder. Electo por el Senado, sólo tuvo que contar con el voto de un puñado de senadores para alzarse contra la voluntad de decenas de millones de brasileros que apenas un par de meses antes eligieron a Rousseff. Temer es un mandatario que no tiene que ampararse sobre la transparencia o no del sistema electoral de su país. Su nombre fue electo para regir por una élite y es, quizás, el más cínico de los críticos al sistema electoral venezolano. Es un mandatario de facto.
3. Ser candidato presidencial puede ser causal de muerte en Colombia. La historia política colombiana, muy estremecida durante décadas, no deja de ser polémica, especialmente a la luz del resultado de que Colombia es un país con verdaderas elites políticas, económicas y familiares, haciéndose del poder durante generaciones.
¿Con cuál vara democrática los países del Grupo de Lima critican a Venezuela?
Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, la historia colombiana ha sido en suma turbulenta y cruenta, dando paso a un ordenado y riguroso sistema de asesinatos al más alto nivel de la política contra abanderados de la izquierda, el Partido Liberal (PL), la Unión Patriótica (UP), el M19 y el Partido Comunista (PC) colombiano. En 1987 es asesinado Jaime Pardo Leal (UP), en 1989 Luis Carlos Galán (PL), en 1990 Carlos Pizarro (UP y M19), en 1990 Bernardo Jaramillo Ossa (UP) y en 1994 Manuel Cepeda Vargas (PC).
Los eventos en Colombia dan cuenta de que efectivamente ese sí es un país que no brinda garantías electorales. De hecho, ni siquiera pueden garantizar la vida de quienes se atrevan a disputarle espacio alguno a los amos locales de la política colombiana.
4. México y el robo electoral. Ya en dos ocasiones ha sido denunciado el robo de elecciones presidenciales contra un mismo candidato. Antonio Manuel López Obrador en teoría "perdió" dos elecciones por márgenes cerrados contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esas dos elecciones marcan una tendencia horrenda en la vida política mexicana, como un mensaje enviado desde las castas del PRI, el PAN y hasta el mismo PRD, partidos que se han hecho de la vida política en México: Parece que no hay escape y sólo queda la decepción.
De esa manera se ha deslegitimado la institucionalidad mexicana, que a muchos mexicanos se les hace prácticamente irrelevante elegir. El sistema electoral mexicano, manual, poco transparente e inauditable, ha tenido esta seguidilla de eventos al más alto nivel electoral y ha permitido que el partido históricamente gobernante en México, el PRI, con más de 70 años en el poder, sirva como una muy mala referencia a la hora de construir institucionalidad y un marco electoral justo.
5. En Chile casi nadie vota. Luego de la dictadura de Augusto Pinochet, la llamada "Concertación", abrió paso a un binomio histórico de derecha e "izquierda" en el gobierno. Por un lado los abiertamente neoliberales y por el otro los neoliberales socialdemócratas pintados de izquierda. En ese marco, los reductos de la revolución democrática de Salvador Allende quedaron relegados a ser parte de la izquierda dura en condición minoritaria. Esa evolución política en el marco del neoliberalismo duro, rigurosamente instrumentado desde Pinochet al presente, privatizó el hecho político al punto de que en Chile es prácticamente irrelevante votar. Pues no hay mucho que elegir entre dos versiones de lo mismo.
En la reciente elección chilena, que pueden calificarse de mega-elecciones, se eligió al Presidente, a representantes del parlamento y a parlamentos de regiones y provincias. La asistencia electoral fue de 45%. Una cifra comparablemente mucho menor a las de las elecciones venezolanas a gobernadores en octubre de 2017, con una participación de 61% del Registro Electoral. Chile no es una referencia en convocatoria electoral.
Siempre gana la abstención en Chile y el sentido democrático del voto ha perdido cualidad al punto de ser un hecho políticamente irrelevante, con un escabroso resultado en la estadística. El problema ya tiene décadas y la política chilena no se ha estremecido para generar un cambio de situación. Los partidos en el gobierno lucen cómodos en el ejercicio del poder y desde la Casa Blanca nadie los califica de ilegítimos.
6. El caso Honduras. Luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Honduras emprendió su camino al infierno. Se abrió una espiral política que poco a poco, pero con mucha consistencia, ha socavado toda formalidad en la política hondureña, con el beneplácito de la OEA y del mismo gobierno de EEUU. El nuevo cenit de la perenne crisis política hondureña se produjo en las recientes elecciones presidenciales, muy señaladas de fraude por la oposición política, la izquierda y centroizquierda de ese país, quienes protagonizaron un estallido social que aún sigue en vigor.
En el marco de las recientes presidenciales hondureñas, se dilató la publicación del resultado electoral presidencial definitivo hasta unos 21 días luego de la elección. Un hecho impensable en muchos países del mundo y que, de ocurrir en Venezuela, sería el pretexto perfecto para cuestionar las elecciones venezolanas.
Los señalamientos contra el ente electoral hondureño iban desde la falsificación de actas hasta el desconocimiento total del conteo de votos. Juan Orlando Hernández, quien siendo Presidente modificó la Constitución por vía judicial para reelegirse, se alzó por poco margen contra Salvador Nasralla, integrante de la oposición democrática de Honduras, con beneplácito de la OEA y EEUU.
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