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El ECCHR y el sindicato colombiano SINALTRAINAL presentaron ayer ante la Fiscalía de Zug en Suizauna querella contra Nestlé S.A. y varios de los Directores ejecutivos del consorcio. Se les acusa de ser responsables del homicidio de Luciano Romero en 2005, por omisión imprudente de medidas de seguridad. Este caso supone un precedente puesto que por primera vez en Suiza se solicita la responsabilidad penal de una empresa por hechos cometidos en el extranjero.
En Colombia existe un conflicto armado en el que sindicalistas y otros grupos sociales son sistemáticamente perseguidos. Luciano Romero fue asesinado el 10 septiembre de 2005 en Valledupar, al noreste de Colombia, por paramilitares, que le propinaron 50 puñaladas. Durante años trabajó para la filial colombiana de Nestlé, Cicolac. Se recrimina a los acusados el omitido cualquier acción que impidiera tales hechos.
Romero fue objeto de amenazas de muerte después de que los gerentes locales de Nestlé lo acusaran falsamente de pertenecer a la guerrilla. El ex-comandante paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Cicolac había efectuado pagos a su unidad paramilitar. La dirección de la empresa en Suiza conocía las malas conductas de su representante en Colombia y estaba al tanto de las amenazas a los sindicalistas de la región, permaneciendo sin embargo impasible ante tales hechos.
La relevancia penal de esta omisión debe ser ahora probada por la Fiscalía de Zug. La denuncia de alrededor de cien páginas ya presenta el enfoque de las investigaciones. Además, también será la Fiscalía quien decidirá si se trata del primer caso en el que se exige la responsabilidad penal de una empresa en lugar de sus empleados. El artículo 102 del Código Penal Suizo contempla la responsabilidad penal de las empresas desde 2003 y desde entonces apenas se ha aplicado.
"Para nosotros esta denuncia supone un rayo de luz. Independientemente del resultado del proceso, las investigaciones nos ayudarán a encontrar la verdad y la justicia del homicidio de Luciano Romero, una muerte anunciada, como tantas en Colombia", dice Leonardo Jaimes, abogado de la víctima.
Wolfgang Kaleck, Secretario General de ECCHR señala: "Si este caso supone un precedente en el derecho penal sobre la responsabilidad de las empresas en zonas de conflicto, proporcionará a las firmas que operan en el extranjero importantes indicaciones sobre cómo gestionar los riesgos. Y animará a los y las sindicalistas en todo el mundo a utilizar la Justicia para defender sus derechos".
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