El hombre fuerte de la extinta Disip está señalado de participar en al menos tres masacres durante la década del 80. Dos de ellas dirigidas en contra de dirigentes de izquierda y la otra contra supuestos subversivos guerrilleros. Con varias órdenes de captura en su contra se encuentra en calidad de refugiado en Costa Rica.
Cantaura, Yumare, El Amparo son las tres cuentas pendientes que tiene un mismo hombre ante la justicia nacional. En total, 46 víctimas mortales en estos hechos perpetrados entre 1982 y 1988. Sucesos ocurridos durante dos períodos presidenciales: Luis Herrera Campins, de Copei, y Jaime Lusinchi, de Acción Democrática. El resultado fue el mismo: impunidad, investigaciones que nunca av anzaron, que estigmatizaron a las víctimas y que quedaron sin responsables.
Con 68 años, Henry Rafael López Sisco se encuentra en calidad de refugiado en Costa Rica desde el 2006 con su esposa e hijos. Ingresó a ese país una vez que el tribunal 6to. de Control de Yaracuy dictara una orden de prohibición de salida de Venezuela, por su supuesta responsabilidad en la masacre de Yumare, hecho que le costó la vida a nueve personas, el 8 de mayo de 1986. Las víctimas fueron catalogadas como comunistas y se dirigió una incursión en contra del grupo.
Veinte años después de este suceso, por primera vez las autoridades nacionales daban visos de investigar hechos oscuros que habían permanecido intocables en el temerario currículo del exfuncionario policial.
Las actuaciones desde el Ministerio Público son dirigidas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha hecho presión para que quien fuera el jefe de los comandos de la Disip sea puesto a la orden de los tribunales del país, para pagar sus varias cuentas pendientes en materia de derechos humanos.
“Esto es un cinismo... Me parece que es una burla para el Estado venezolano”, indicó la representante de la vindicta pública en el año 2011, al conocer la intención de Costa Rica de otorgarle la calidad de refugiado político al comisario general de la policía política.
Sobre López Sisco pesan imputaciones por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de acto y documento y uso indebido de arma de fuego.
Sobre López Sisco pesan imputaciones por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de acto y documento y uso indebido de arma de fuego.
Tales presunciones corresponden solo a las investigaciones por los hechos de Yumare, masacre ocurrida en el sector La Vaca, del estado Miranda. Por los sucesos de Cantaura y de El Amparo no se ha determinado la supuesta responsabilidad de López, ni se ha asomado algo al respecto.
En el caso ocurrido en el municipio Páez del estado Apure, fronterizo con Colombia, un tribunal internacional condenó al Estado por su responsabilidad en la muerte de 14 pescadores, que supuestamente fueron confundidos por grupos irregulares colombianos. La operación la ejecutaron efectivos del Ejército nacional, de la Disip y del Cptj. La Corte Interamericana fue la única instancia que condenó tales sucesos, la justicia nacional en su momento los absolvió, en varias instancias.
La vida del hombre fuerte de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), como lo señalan muchos funcionarios de la policía política del país —incluso aquéllos que no lo conocieron—, ha transcurrido entre acusaciones, señalizaciones, hechos de gran violencia e impunidad.
Expolicías le reconocen su sangre fría para enfrentar cualquier hecho, por difícil que fuese. “No lo conocí, cuando yo ingresé a la Disip él ya no estaba, pero su nombre es una leyenda. Era un tipo resteado, fuerte, de gran capacidad policial. No le temblaba el pulso”, afirmó un exfuncionario, al ser preguntado por las características del natural del estado Sucre. Sus propios adversarios le reconocen su liderazgo dentro de los filas policiales, debido a sus destrezas y temple para actuar.
“Era un líder criminal y terrorista”, afirma Ricardo Ochoa, secretario general de Cantaura Vive, grupo creado ante la necesidad de luchar contra la impunidad que se cernió sobre este episodio lamentable de la vida nacional.
“Su historial es bastante funesto, terrible. Es uno de los violadores de derechos humanos que utilizaba la represión a su antojo. Era uno de los alumnos predilectos de Luis Posada Carriles. Fue entrenado en los Estados Unidos, en grupos represivos en Israel. Siempre participaba en los cursos de seguridad de El Mossad. Él era uno de los protagonistas de las cosas más violentas en materia de derechos humanos cometidas en el país durante la IV República”, comenta Ochoa.
El dirigente de izquierda fue uno de los que comandó las labores de rescate de sus compañeros sobrevivientes de la masacre ocurrida en la zona de Changurriales, en Anzoátegui, cuando un grupo de 40 guerrilleros fue sorprendido por más de 400 efectivos de la Fuerza Armada. Solo 17 se salvaron. De las víctimas mortales, 14 presentaron disparos en la nuca.
La carrera policial de quien llegara a ser el asesor de seguridad del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, comenzó en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, donde permaneció apenas dos años, luego cambiaría de uniforme para integrar las filas de la policía política.
Su padre fue integrante de la Digepol, cuerpo de inteligencia disuelto en la primera presidencia de Rafael Caldera, en 1959, para dar paso a la Disip, órgano que mantuvo el control político por más de 40 años, hasta que el presidente Hugo Chávez ordenó una reestructuración y pasó a llamarse Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia.
A mediados de la década de 1970 fue creada la Brigada de Intervenciones o grupos comandos de la policía política, instancia que fue dirigida por el comisario general Henry Rafael López Sisco. Esta iniciativa surgió ante la necesidad de elevar el nivel técnico del organismo de seguridad y sus principales operaciones estuvieron dirigidas en contra de las guerrillas de izquierda que reclamaban cambios claros en el país.
“Los comandos de la Disip eran conocidos como el ‘Clan de la muerte’, tenían cierta libertad de acción para vulnerar cualquier precepto constitucional y tratado internacional que hubiese firmado el país. Estaban dedicados al exterminio de la fuerza revolucionaria y su líder era un psicópata terrorista que ejercía acciones criminales, no de inteligencia, se basaba en la tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, amenaza a los familiares, allanamientos ilegales”, asegura Ochoa, quien no tiene precisado el número de víctimas responsabilidad de este hombre, pero seguro está que van más allá de las masacres mencionadas.
“En la Comisión por la Verdad se escucha a madres y hermanos hablar de homicidios, torturas, violaciones y desapariciones de personas que no conocimos y señalan a López Sisco como responsable de estos hechos”, indicó el secretario de Cantaura Vive.
Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz condenaron las actuaciones de López Sisco en la llamada masacre de El Amparo y llevaron a instancias internacionales estos sucesos en procura de obtener justicia, luego que los tribunales del país absolvieran a los policías y militares involucrados en el hecho, ya que actuaron “en defensa de la soberanía del país”, en contra de grupos subversivos colombianos.
En 1990 el caso fue presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 1993 se recomendó al Estado venezolano que “investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas”.
“López Sisco es una extracción viviente de la impunidad y una extracción viviente de políticas de Estado de carácter terrorista, que en algún momento se desarrollaron en Venezuela. Nunca fue llevado a los tribunales por los graves delitos que cometió y en épocas recientes estuvo contratado como asesor de seguridad de la Gobernación del Zulia, lo cual es una reafirmación de la impunidad. El tema de la impunidad no es un tema de colores políticos”, afirmó el coordinador de Provea.
El promotor de los derechos humanos indicó que gracias a las instancias internacionales se desmontó “la mentira de Jaime Lusinchi y se logró la indemnización de las víctimas. Rafael Caldera pagó el 95% y Chávez el 5% restante”.
Sin embargo, acotó que todavía falta lo más importante: que se determine la responsabilidad de los que actuaron en esta masacre, donde también está involucrado el actual gobernador de Guárico, el capitán Ramón Rodríguez Chacín.
“Los dos hombres son los autores intelectuales, ellos tuvieron un accidente en helicóptero dos días antes y no pudieron participar operativamente”, afirmó, al mismo tiempo, que reiteró que “la impunidad no es un tema de colores políticos”.
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