El fiscal jefe Anticorrupción de España, Manuel Moix, presentó hoy su renuncia irrevocable al cargo, dos días después de conocerse que posee una empresa radicada en Panamá con ventajas fiscales.
La dimisión del cuestionado fiscal, quien accedió al puesto en febrero pasado, fue anunciada este jueves por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
En una declaración sin preguntas convocada de forma urgente por la Fiscalía General del Estado, Maza explicó que Moix le presentó su renuncia por 'motivos personales'.
'No he podido convencerle de lo contrario (...) tampoco puedo lógicamente obligarle a continuar ejerciendo sus funciones', añadió.
Los diarios digitales El Español e 'Infolibre revelaron el pasado martes que el fiscal cesado tiene el 25 por ciento de una sociedad 'offshore' en Panamá, propietaria, a su vez, de un chalé en Madrid valorado en algo más de medio millón de euros.
Tras su publicación, la noticia suscitó distintas reacciones: mientras la Fiscalía General del Estado dijo que se trata de un asunto personal de Moix, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que sigue confiando en el fiscal anticorrupción.
Sin embargo, las fuerzas de la oposición consideraron insostenible su permanencia en el cargo.
El Partido Socialista Obrero Español, segunda fuerza política en este país, denunció que Moix no tiene autoridad ya para perseguir a corruptos que se llevan el dinero a paraísos fiscales.
Por su parte, el líder de la agrupación antiausteridad Podemos, Pablo Iglesias, tachó de vergonzoso que 'quien está llamado a perseguir la corrupción, y resulta que lo que hace es dificultarla, tenga intereses en paraísos fiscales'.
Desde su designación, Moix se vio envuelto en varias polémicas.
En abril, sus propios compañeros fiscales le acusaron de poner trabas a la investigación sobre la llamada operación Lezo, la más reciente trama de corrupción que sacude a exdirigentes del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy.
Fue precisamente por ese motivo que todos los partidos en el Congreso de los Diputados, salvo el PP, reprobaron el 16 de mayo último tanto a Moix, como a Maza y al ministro español de Justicia, Rafael Catalá.
La operación Lezo, por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ya hay 51 imputados, aumentó las dudas sobre el papel de Catalá y de los dos fiscales en la lucha contra la corrupción.
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