Este viernes General Motors confirmó que tras medida de embargo emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la decisión de cesar sus operaciones en Venezuela es irreversible.
Así lo explicó la empresa automotriz mediante un comunicado, en el que explica que sus autoridades buscaron dialogar con los factores del gobierno para llegar a una solución dentro de los parámetros de la ley venezolana. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna del Estado, solo la medida impuesta por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
“Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos”, indica el comunicado de la ensambladora.
En este sentido, la empresa aclaró que su equipo continuará en el país mientras deba ejercer acciones legales para resarcir los daños causados por el embargo a los directivos, empleados, obreros y sus familias.
A continuación en comunicado:
STATEMENT DE GENERAL MOTORS
Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.
Así lo explicó la empresa automotriz mediante un comunicado, en el que explica que sus autoridades buscaron dialogar con los factores del gobierno para llegar a una solución dentro de los parámetros de la ley venezolana. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna del Estado, solo la medida impuesta por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
“Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos”, indica el comunicado de la ensambladora.
En este sentido, la empresa aclaró que su equipo continuará en el país mientras deba ejercer acciones legales para resarcir los daños causados por el embargo a los directivos, empleados, obreros y sus familias.
A continuación en comunicado:
STATEMENT DE GENERAL MOTORS
Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.
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