Resaltó que entre los 15 delitos que establece la Ley, promulgada vía Habilitante por el presidente Nicolás Maduro, tres son nuevos: el desequilibrio económico, la reventa de productos de primera necesidad y la corrupción entre particulares, y éste último aparece por primera vez en normativas legales del país.
El objetivo de calificar como delitos estas acciones, para las que se establecen penas de hasta 14 años, es coadyuvar a garantizar el derecho fundamental a la alimentación.
Ortega señaló que la intensión es explicar "en qué consiste la conducta del individuo para que se configure el tipo penal".
Para Ortega es importante que quienes apliquen la ley la conozcan a detalle. "Los funcionarios se están preparando muy bien, tiene claridad sobre cuál es el procedimiento y además están revestidos de la seguridad, ética, moral, probidad para garantizar transparencia en el proceso y ser implacables en la aplicación de la ley".
El taller fue diseñado por la Fiscal General, la Superintendente de Derechos Socio Económicos, Andreina Tarazón, y el ministro Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de Economía, dirigido a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, con apoyo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee).
Desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Precios Justos el Ejecutivo inició la nueva etapa de la ofensiva económica que permitirá sanear el sistema de precios, comercialización y economía del país.
Andreína Tarazón, ha visitado algunos estados del país para explicar el contenido de la Ley y su aplicabilidad, una tarea que le corresponde a funcionarios del gobierno y al poder popular.
Este martes, el vicepresidente Jorge Arreaza, desde el Palacio de Miraflores ofreció un balance de esta nueva etapa y anunció la instalación del Estado Mayor de Abastecimiento para luchar contra el contrabando y garantizar la producción nacional.
“El presidente Nicolás Maduro ha venido diseñando una nueva arquitectura, no sólo para dar una nueva ofensiva sino para equilibrar y sanear la economía, además de eliminar las perturbaciones inducidas en la cadena de producción", indicó desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde informó la fiscalización de 92 establecimientos comerciales en la ciudad capital.
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