La superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, Andreína tarazón, denunció este sábado que 32 empresas de importación están incurriendo en delitos de boicot a la economía nacional.
“Aquí tenemos la lista de las 32 empresas que posiblemente están incurriendo en este tipo de boicot”, determinó la superintendente al tiempo que aseguró que el Ministerio Público comenzó inmediatamente las investigaciones al respecto.
La denuncia la efectúo en el momento en que inspeccionaba 32 contenedores que se encontraron abandonados en el Puerto de la Guaira.
Aseguró que esta acción es un delito condenado en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos en la que se establece castigos desde 10 años de prisión a quienes comentan boicot a la economía.
“Nuestra ley orgánica de precios justos establece la pena privativa de libertad de 10 a 12 años a quienes en ejercicio de actividades inescrupulosas cometan boicot contra la República, que no es otra cosa que entorpecer el buen desenvolvimiento de la economía venezolana”, explicó.
Agregó que los importadores que incurren en ese delito “pretenden defraudar a nuestro país tratando de cometer ilícitos a través del abandono legal”.
Tarazón ejemplifico cómo se comete dicho delito en el ámbito de la salud. “Hemos visto como se declara la importación de productos de bienes para la salud de nuestro pueblo, de medicina, de equipo médicos y lo que se traen son chatarras”, puntualizó.
La superintendente indicó, además, que “estamos aquí como un solo gobierno llevando adelante esta acción que pretende poner a disposición de la República cada uno de estos contenedores”.
“Siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, estamos detectando en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, particularmente en este caso, en la cadena de la importación, cuáles son los ilícitos, los problemas y las dificultades”, afirmó.
“Aquí tenemos la lista de las 32 empresas que posiblemente están incurriendo en este tipo de boicot”, determinó la superintendente al tiempo que aseguró que el Ministerio Público comenzó inmediatamente las investigaciones al respecto.
La denuncia la efectúo en el momento en que inspeccionaba 32 contenedores que se encontraron abandonados en el Puerto de la Guaira.
Aseguró que esta acción es un delito condenado en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos en la que se establece castigos desde 10 años de prisión a quienes comentan boicot a la economía.
“Nuestra ley orgánica de precios justos establece la pena privativa de libertad de 10 a 12 años a quienes en ejercicio de actividades inescrupulosas cometan boicot contra la República, que no es otra cosa que entorpecer el buen desenvolvimiento de la economía venezolana”, explicó.
Agregó que los importadores que incurren en ese delito “pretenden defraudar a nuestro país tratando de cometer ilícitos a través del abandono legal”.
Tarazón ejemplifico cómo se comete dicho delito en el ámbito de la salud. “Hemos visto como se declara la importación de productos de bienes para la salud de nuestro pueblo, de medicina, de equipo médicos y lo que se traen son chatarras”, puntualizó.
La superintendente indicó, además, que “estamos aquí como un solo gobierno llevando adelante esta acción que pretende poner a disposición de la República cada uno de estos contenedores”.
“Siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, estamos detectando en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, particularmente en este caso, en la cadena de la importación, cuáles son los ilícitos, los problemas y las dificultades”, afirmó.
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