La
serie interminable de asesinatos de mujeres la cual nos agrede a diario
a través de la Prensa y los reportes policiales es uno de esos grandes
“pendientes” para las autoridades que asuman el poder en enero del
próximo año. Esta realidad se suma a la trata de personas y la violencia
contra niños y adolescentes, en un apretado paquete de delitos
aparentemente amparados por los mismos aparatos de investigación y
justicia que deberían atacarlos.
La altísima tasa de impunidad y la
escasa capacidad de las fuerzas del orden para combatirlos no solo
demuestran su ineficiencia, también hablan de una especie de
indiferencia ante una de las mayores muestras de crueldad y sadismo.
Mientras en las pandillas se compite para ver quién comete el crimen más
salvaje, muchas veces escogiendo a sus víctimas mujeres, la mayoría
entre vecinas o totales desconocidas que se cruzaron en su camino, el
Estado reduce sus aportes y su interés en las instancias que podrían
contribuir en la lucha contra este flagelo.
Hace poco, en una conversación con Norma
Cruz, me enteré de la situación por la cual atraviesa la Fundación
Sobrevivientes. Patética, desprovista de apoyo, con un raquítico aporte
del Estado, el cual por intereses oscuros se le limita o se le retrasa,
esa Fundación ha sido durante años uno de los pocos espacios en donde se
lucha por la justicia en casos de femicidio, librando una batalla feroz
por establecer y mantener el único refugio existente en el país para
las víctimas de violencia doméstica, prestando el apoyo legal para
evitar la impunidad casi inherente a los delitos contra mujeres.
Por otro lado, la Secretaría
Presidencial de la Mujer ha sufrido toda clase de manipulaciones a
través de los años, convirtiéndose finalmente en una entidad que
responde a intereses políticos y perdiendo así la esencia de su función,
que es trabajar por el desarrollo de este importante sector de la
población. Una entidad cuyos alcances deberían haberla convertido ya en
un ministerio, con todo lo que eso representa en términos de poder de
decisión y capacidades técnicas para transformar el estado de exclusión
en el cual se encuentra esta mayoría ciudadana.
El gobierno electo en las urnas tiene la
obligación absoluta y prioritaria de abrir para las mujeres todos esos
espacios que le han sido escatimados por medio de trampas legales,
acuerdos entre sectores de poder, zancadillas partidistas y otros trucos
tan torpes como destructivos. La mujer guatemalteca ha sido la gran
sacrificada en esta historia de dominadores y dominados, resabios de un
colonialismo estéril. Es el momento de retribuir con oportunidades de
desarrollo su gran aporte a la economía, su papel fundamental como
guardiana de las nuevas generaciones y su calidad de forjadora de
valores.
La fortaleza de la mujer guatemalteca es
una de esas cualidades que, como una perversa ironía, la coloca en
riesgo de muerte por oponerla a un machismo basado en el monopolio del
poder. Un poder que, compartido por igual, podría ser el poderoso motor
capaz de transformar a esta sociedad en una auténtica democracia.
elquintopatio@gmail.com
Fuente: Prensa Libre
Blog personal: El Quinto Patio
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