El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, declaró el miércoles culpables y en busca y captura al alcalde de Iguala (norte del estado sureño de Guerrero), José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, su mujer y su secretario de seguridad pública”, pues existen pruebas que apuntan a que éstos fueron “los autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala”, ha aseverado Murillo Karam, en una rueda de prensa celebraba en la capital mexicana, Ciudad de México, donde al mismo tiempo los familiares de los estudiantes llevaban a cabo una protesta para que el Gobierno dé con el paradero de los jóvenes.
Asimismo, ha informado que dichas personas son consideradas prófugas de la justicia y su detención es crucial para la localización de los estudiantes desaparecidos.
En torno a los hechos acaecidos la noche del pasado 26 de septiembre, el procurador general ha señalado que de los testimonios obtenidos de las 52 personas arrestadas por su vinculación con el caso, han concluido que Abarca ordenó “enfrentar a los estudiantes”, ya que temía que éstos pudieran perjudicar un evento público en el que iba a intervenir su esposa, como ya ocurriera en junio de 2013, cuando, según la alcaldía, María de los Ángeles Pineda “fue agredida” por un grupo de opositores entre los que se encontraban, supuestamente, varios “alumnos de Ayotzinapa”.
Tanto el alcalde como su cónyuge están vinculados al cártel Guerreros Unidos, grupo al que la policía relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes.
La noche del pasado 26 de septiembre, unos 22 policías municipales, junto con presuntos narcotraficantes, abrieron fuego contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Como consecuencia de los tiroteos, seis personas murieron, entre ellas tres estudiantes, y 25 resultaron heridas. Además, 43 de jóvenes desaparecieron y, según distintos testigos, fueron subidos a varias patrullas de la Policía.
Los ataques se produjeron cuando los alumnos se apoderaron de varios autobuses privados para regresar a la Escuela Normal, que funciona como internado, después de hacer una colecta en Iguala para protestar contra las reformas educativas.
En este contexto, se hallaron el 4 de octubre, en un cerro aledaño a la ciudad de Iguala, cinco fosas clandestinas con 28 cuerpos; sin embargo, más tarde las autoridades descartaron que los cadáveres pertenecieran a los estudiantes.
Este ataque violento y la desaparición de los estudiantes, ha ocasionado hasta el momento varias revueltas callejeras, en las que se han ocupado seis ayuntamientos del estado de Guerrero.
Texto y foto/Hispantv
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