Hay que recordar que el médico ya ganó el juicio contra el referido medio de comunicación, al que se le dictó sentencia el 15 de mayo de 2013 por haber publicado artículos en los que se difamó abiertamente a Pulido Mora, ocasionando graves daños a su integridad como profesional así como a su persona.
Ibéyice Pacheco y Hercilia Garnica fueron las responsables por la publicación que irrespetó la dignidad del galeno, y quienes hicieron la investigación que resultó ser poco objetiva.
Estos hechos se dieron en el año 1991, cuando se publicaron durante cinco días seguidos una serie de artículos que expresan un contenido de mala praxis médica, lo que fue considerado como una campaña de desprestigio y deshonra en su contra. “Me vi totalmente afectado en el punto de vista profesional, familiar, un deterioro demasiado grave. Diez años luchando para poder mostrar mi verdad, sabiendo que yo tenía la conciencia y la razón”, afirmó Pulido.
La sentencia que otorgó el Tribunal Supremo de Justicia incluye el pago monetario al galeno, por daño moral, repartido entre las dos periodistas y la editorial. Además, se debe dar el derecho a réplica para que, en la primera página entera y sin costo alguno, el médico tenga la oportunidad de resarcir su nombre.
Sin embargo, Pulido afirmó frente a las cámaras de VTV que el diario nunca publicó sus réplicas ni siquiera pagando los remitidos, sobre la difamación que se cometió en su contra en 1991. Por esta razón, continuará con las denuncias en su contra.
Habría que mencionar no solo la injusticia que se llevó a cabo sobre el nombre del médico cirujano y hacer un llamado a la conciencia de los responsables, sino también resaltar el poder de construcción o destrucción que tienen en sus manos los medios de comunicación.
En este caso, ese poder se encargó de difamar, violentar y deteriorar la carrera, la opinión pública y la vida de un profesional; pero en otros casos, y lo vemos a diario, los medios se hacen vehículos para transmitir mensajes de violencia, para generar zozobra en la población o para señalar mentiras que, de tanto repetirse, la gente comienza a creerlas.
La difícil tarea de informar e interpretar la información, es responsabilidad tanto de quien la recolecta como de quien permite su publicación y en este sentido, la ley será clara cuando éstos atenten contra los derechos de alguna persona o institución.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, reza que las informaciones deben ser “oportunas, veraces, imparciales, sin censura y ceñidas a los principios constitucionales”; en este caso, la violación a todos estos mandatos requiere la atención de los organismos competentes y de la vigilancia del pueblo, que debe estar atento a la clase de noticias que le son transmitidas y sobre todo, a la fuente que las difunde.
(LaIguana.TV)
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