El tema de la corrupción tiene oleajes: hay tiempos en los que se discute más que en otros. Este parece ser uno de esos momentos.
Usted, como experta en el combate de ese mal ¿diría que es un fenómeno que sube y baja o siempre está igual, solo que a veces se pone de moda?
Es difícil establecer un baremo. Clodosbaldo (Russián, el fallecido titular del cargo) siempre decía que no existe un corruptómetro. El que se hable más o menos depende mucho de la presencia en los medios de determinados voceros. Nosotros creemos, basados en el trabajo que hacemos año tras año, que la corrupción es una constante que está marcada por modalidades de actuación que se repiten y que son llevadas a cabo por círculos empresariales, familiares, amistosos. Si alguien se tomara el trabajo de investigar quiénes formaban esos círculos en la Cuarta República y quiénes los forman ahora, llegaría a la conclusión de que es la misma gente. Los contratistas, los proveedores, los intermediarios, los gestores, son los mismos de siempre. Han cambiado de denominación, han constituido nuevas empresas, pero son los mismos.
¿Y no se puede hacer nada contra ellos?
El Estado ha venido tratando de corregir eso, empezando porque el marco constitucional de 1999 establece que los delitos contra el patrimonio público no prescriben nunca. Eso significa que la corrupción de la Cuarta República ya prescribió, pero la de la Quinta no va a prescribir. Además, la Ley de Licitaciones que se aprobó en este tiempo estipula que las empresas pueden ser sancionadas también (antes solo las personas naturales).
Cuando sube el oleaje del tema de la corrupción, la gente tiene la sensación de que no hay nada qué hacer.…
No podemos dejarnos vencer por la desesperanza, sí es posible luchar contra la corrupción. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es convencerse de que la lucha no vale la pena. Sí vale la pena, los corruptos no son más numerosos ni más inteligentes que el resto de la población, no nos vamos a dejar derrotar. Con la nueva Ley contra la Corrupción, que es novedosísima y una de las mejores de Latinoamérica, y con el pueblo alerta, controlando, podemos ganar esa pelea. Claro, hay que mejorar muchos aspectos. Por ejemplo, el pueblo no puede controlar si las autoridades no le dan la información, si los gobernadores y alcaldes se ofenden porque la comunidad les pregunte qué pasó con el dinero de alguna obra o proyecto. No pocas veces la estrategia es precisamente esa: no dar información para que no los controlen. La Ley contra la Corrupción ordena a los funcionarios poner a disponibilidad de los ciudadanos la información sobre el presupuesto que manejan. Esto ahora es muy fácil de hacer porque cada organismo puede ponerlo en su página web, pero muchos no lo hacen porque impera una cultura del secretismo que viene de aquella mala costumbre de los gastos de seguridad y defensa (las partidas secretas). Hay que romper esa cultura errada en el manejo de la información porque es una piedra de tranca en la lucha contra la corrupción. En conclusión, no es que haya más corrupción, sino que la gente está exigiendo más información y está mejor preparada para atacarla.
¿Qué más hace falta para que haya resultados?
La lucha contra la corrupción requiere no solo políticas firmes del Estado y trabajo técnico de los órganos de control, sino también eficiencia y eficacia del Poder Judicial y del Ministerio Público porque, ¿qué hacemos con una buena auditoría si luego no logramos que se apliquen las sanciones penales?
En el informe del año 2012 se observa que la Contraloría le metió la lupa al Poder Popular y encontró también irregularidades en los consejos comunales. ¿Significa eso que el cáncer hace metástasis incluso en ese nivel donde está directamente la ciudadanía y que se supone que es mucho más inocente que los poderes tradicionales?
Realizar ese trabajo implicó una adaptación de nuestra metodología de auditoría porque no podíamos llegarle a un consejo comunal y decirle, como le decimos a un concejo municipal o a un ministerio: “certifíqueme copia del documento tal”.… Fuimos a los consejos comunales porque esa es una estructura que está adquiriendo vida y queremos que nazca viva y que luego siga viviendo, es decir, que sea viable, que sea una herramienta de poder real. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos 30 mil voceros y voceras capacitados por la Contraloría General para que realicen lo que se denomina un control concomitante.… En los casos donde hubo irregularidades, ellos fueron víctimas de los mismos mafiosos de siempre, las empresas y los individuos que antes conseguían los contratos en las alcaldías se han ido a tratar de embaucar a los consejos comunales. Las comunidades son víctimas porque tenían sus esperanzas puestas en esas obras y al final no se realizaron o se hicieron mal.
¿Las irregularidades no fueron, entonces, cometidas por los miembros de los consejos comunales?
En algunos casos sí, porque hay demasiada discrecionalidad para los desembolsos y ciertos miembros lo hacen en su propio provecho. Vimos casos en los que las personas con firma autorizada de cheques y los administradores eran del mismo grupo familiar y se repartieron el dinero. Pero lo más frecuente es que hayan caído en manos de los mafiosos. Sin embargo, tenemos mucha fe en que vamos a poder impulsar el Poder Popular con ciudadanos probos y honestos. Esto dará sus frutos, tal vez no los veamos nosotros, pero nuestros hijos y nietos los van a recoger. En la Contraloría sí creemos en el Poder Popular.
Al observar la lista de personas sancionadas, en especial las que recibieron los castigos más fuertes, como inhabilitaciones por diez o quince años, destacan los funcionarios de jerarquía media… ¿Qué pasa con los de más alto nivel?
No, también hay alcaldes, diputados, concejales, exministros, viceministros… A lo mejor no son nombres notorios, pero hay que tener en cuenta que la Administración Pública tiene más de dos millones de funcionarios. Cito de nuevo al doctor Russián: “La Contraloría no le inventa nada a nadie, pero lo que conseguimos queda probado, hablamos con las pruebas en la mano”.
Cuando sancionan a alguien, siempre se denuncia que esa persona era, en realidad, un segundón, que es un “chino de Recadi”, …¿por qué será que pasa eso?
No lo sé. Lo cierto es que tenemos a mil 400 funcionarios inhabilitados para desempeñar cargos públicos y otro lote suspendido. Una declaratoria de responsabilidad administrativa es de por sí la verdadera sanción moral, no la destitución ni la inhabilitación. Cuando a alguien lo declaran responsable administrativamente le están diciendo que no cuidó el patrimonio público, que no actuó como un buen padre de familia, que se benefició personalmente del dinero de todos o permitió que otros lo hicieran. A la gente no le parece que eso sea una sanción. Quieren ver sanciones penales, pero esa no es competencia de la Contraloría.
CASO FERROMINERA
Entre los casos que, en los últimos días, han hecho subir el oleaje del tema de la corrupción está el de Ferrominera del Orinoco. ¿La Contraloría había tenido allí alguna actuación?
Sí, tenemos cuatro actuaciones de años anteriores, que están en nuestra página web. También nos habían hecho llegar las preocupaciones de algunos sectores por lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, lo que se ha denunciado allí es un delito que solo podía ser detectado con labores de inteligencia policial. No son del tipo de irregularidades que se detectan mediante una auditoría.
Hablando de investigaciones de corte policial, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la conformación de un cuerpo especial anticorrupción. ¿No choca con la labor de la Contraloría?
No choca, pero hay que ser muy cuidadosos con esos cuerpos porque pueden tener la mejor voluntad y buena fe, pero no se debe olvidar que se requiere un conocimiento especializado. Al principio del gobierno del presidente Chávez nos llegó una persona con unos datos según los cuales un juez estaba recibiendo mensualmente una cantidad de dinero millonaria, supuestamente producto de la corrupción. Investigamos y resultó ser que el juez tenía unos certificados de ahorro que, al vencerse, eran renovados automáticamente y depositados los intereses. El presidente tiene todo el derecho a establecer ese cuerpo y, además, puede contar con los expertos en inteligencia financiera que se han formado en los organismos policiales, es un grupo élite que puede ayudar mucho a que la iniciativa tenga buenos resultados.
DELITOS DE LESA PATRIA
En su informe anual a la Asamblea Nacional, usted destacó el caso de las irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios estados del país. ¿Ha habido avances en esa investigación?
Continuamos realizando investigaciones en los estados porque este es un programa nacional, pero en cada entidad las gobernaciones se incorporan con planes regionales. Le hemos puesto mucho interés porque este es un programa destinado a un grupo social de los más necesitados, niños y niñas de menores recursos, y es importante desmantelar las mafias que se han infiltrado. Como dice la Ley contra la Corrupción, quien delinque contra la población más vulnerable comete un delito de lesa patria y debe ser perseguido por el Estado sin clemencia de ningún tipo.
Otro caso muy grave es el del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), que involucra al convenio cubano-venezolano y, por eso mismo, ha sido muy atacado en sectores políticos y mediáticos. ¿Cuál es la realidad de las irregularidades en ese caso?
Allí queremos destacar que el problema no es el convenio Cuba-Venezuela, sino su inobservancia por parte de funcionarios cubanos y venezolanos. El convenio establece respeto a la normativa internacional que dice que los medicamentos, cuando son exportados, deben tener una vigencia mínima de 18 meses. Unos funcionarios cubanos, presumiblemente de nivel medio, enviaron medicamentos con menos de ese tiempo de vigencia; y unos funcionarios venezolanos recibieron los medicamentos sin cumplir esa norma. También se enviaron medicamentos que no habían sido solicitados, aunque el convenio establece que Cuba proveerá las cantidades que le sean requeridas. Luego, muchos de esos medicamentos permanecieron más tiempo del debido en las aduanas o no se distribuyeron,… en fin, una serie de irregularidades que nada tienen que ver con el convenio marco, sino con los funcionarios de allá y de acá que cometieron irregularidades.
“LO DE CADIVI ES UNA ESTAFA”
Otro caso de mucha resonancia mediática es el de las irregularidades en Cadivi. ¿En qué situación está esa investigación?
Está en la jurisdicción penal. Debemos tener claro que se trata de una estafa y que fue el mismo Ministerio de Finanzas quien comenzó a investigarla. No fue la Contraloría ni tampoco los cuerpos policiales. Las empresas que cometieron esta estafa hicieron todos los trámites ante Cadivi, presentaron todos los recaudos y el Estado, presumiendo su buena fe, les entregó las divisas. Debemos suponer que estos funcionarios fueron sorprendidos, porque es muy difícil saber qué empresa va a jugar limpio y cuál no. Los que sí fallaron claramente fueron los mecanismos de control de ingresos de la mercancía, debido al grave problema que tenemos en las aduanas. Allí hay un contingente de funcionarios militares que dicen que están solo para resguardar las instalaciones y no para ver que mercancía entra o sale en los contenedores. Eso no es así. Ellos deben verificar qué está entrando al país, sobre todo cuando se trata de productos importados con divisas asignadas por Cadivi. Nosotros insistimos en que esa función se cumpla a cabalidad y para ello, por cierto, hay que reparar los sistemas electrónicos de inspección que fueron saboteados hace varios años por las mismas mafias que operan en los puertos con total impunidad. Eso lo hemos denunciado por varios años consecutivos en nuestra página web.
Gran misión conciencia
Adelina González le hace honor a ese dicho de que: “el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente”. Con su breve estatura, esta abogada apureña asumió el reto de dirigir la Contraloría General de la República para seguir adelante con la gestión de quien fuera su mentor y compañero de trabajo por casi tres décadas, Clodosbaldo Russián, fallecido en 2011.
Fiel al estilo de su predecesor, prefiere no figurar mucho en los medios de comunicación y dejar que la Contraloría hable a través de sus informes anuales o especiales. Así que ha optado por dictarles talleres a los reporteros para que escudriñen en esos documentos públicos. “Allí está todo”, dice.
Graduada en la Universidad Central de Venezuela, con postgrados en esa misma institución, en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y con numerosos cursos en el área de Control Fiscal, González es una convencida de la importancia de la educación. “Las sanciones de la Contraloría cumplen un fin pedagógico –dice. La prueba es que ahora todo el mundo actualiza su declaración jurada de patrimonio, algo que muy pocos hacían”.
También está persuadida de que el gran paso en la lucha por la decencia en el manejo de los fondos del Estado es de naturaleza moral y ética. “La lucha contra la corrupción no se puede ganar si no tiene el apoyo de todos –puntualiza. La misión que nos falta es la gran misión conciencia”.
Dicho a la llanera
“A una señora de un consejo comunal le entregaron un cheque y no entendía la magnitud de la cantidad y fue a la Contraloría a preguntar. Eso nos hizo reflexionar mucho porque lo cierto es que le dimos los fondos públicos a estas personas, les advertimos que eran responsables por esa plata, pero no les explicamos con qué se come eso de la responsabilidad civil, penal y administrativa”.
“Estamos preparándonos para que el Poder Popular sea un poder contralor. Por supuesto, como dice el refrán: ‘entre los pescaditos siempre se cuela alguna guabina’, pero la idea es detectarlas a tiempo. Ellos mismos (los activistas de los consejos comunales) están aprendiendo a detectarlas y a denunciarlas”.
“Si usted pidió mil kilos de cambur y le trajeron 500 de topocho, usted no debe aceptar ese producto ni pagarlo. Hay funcionarios que aceptaron ese tipo de irregularidades (en el caso de las medicinas) y cuando les preguntan dicen que lo hicieron porque se trataba del convenio con Cuba… Eso no tiene sentido. Por el contrario, con más razón debieron cumplir lo que dice el convenio. Si las medicinas no tenían 18 meses de vigencia, había que devolverlas; si enviaron medicinas que no habían sido solicitadas, había que devolverlas…”
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