En el urbanismo Tres Raíces de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), ubicado en la
avenida Lecuna de Caracas, algunos habitantes dicen que no pueden vender las viviendas
hasta que cumplan cinco años ahí. Otros, que sí las pueden vender pero que deben pagarla
primero. Un último grupo asegura que no la pueden vender sin notificarlo previamente al
Estado.
Todos ellos prefieren guardar el anonimato por la diatriba actual con el tema de vivienda.
Aunque las opiniones son diversas, coinciden en algo: tienen en sus manos un documento
de adjudicación “donde dice que toda la familia que habita la vivienda es dueña de la
propiedad”.
El artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de
las Viviendas de la Gmvv, estipula que “se transferirá la propiedad del terreno a los
representantes de las unidades familiares correspondientes en cada urbanismo”.
Dos cuadras más allá, en el desarrollo habitacional que está en el Nuevo Circo, no conocen
el decreto publicado desde el año 2011, pero saben que están bajo la protección de una
propiedad adjudicada multifamiliar y que de ahí “nadie los puede sacar”.
Omaira Torres, una de las habitantes del piso 3 del urbanismo, dice que cuando le
entregaron el certificado ya estaba registrado.
Este proceso fue comprobado por el equipo de Últimas Noticias en el Registro 4to, ubicado
en al avenida Urdaneta edificio Caoma, piso 1, en Caracas, donde explicaron que el Banco
Nacional de Hábitat y Vivienda (Banavih) se encarga de registrar el documento antes de
entregárselo al beneficiario.
Ni prestadas ni regaladas. Hay dos modalidades de entrega de viviendas, una de interés
social para las personas damnificadas o en situación de riesgo o de calle, y otra para la clase
media (se asigna a través del 0800mihogar con un crédito del banco), según explicó el
diputado de la Asamblea Nacional y ex ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina.
La diferencia está en que la primera se entrega bajo un convenio de pago según lo que
pueda cancelar el beneficiario. Las cuotas se pactan a largo plazo a través de un título de
adjudicación, y no es sino hasta que esa familia paga el total de la deuda cuando se le
entrega su título de propiedad, dijo.
Mientras que en la segunda modalidad se otorga el título de propietario una vez que se hace
la entrega (como son financiadas a través de la banca por un crédito hipotecario ese título
de propiedad puede quedar en manos del ente financiero si el crédito no es cancelado a
tiempo). Sin embargo, mientras se paga la deuda la persona sigue siendo la propietaria (al
igual que pasa con cualquier compra-venta de viviendas en el país).
Aseguró Molina que los poseedores de los inmuebles pueden realizar reparaciones siempre
y cuando sea dentro del uso urbano establecido. También se puede heredar de un familiar,
todo eso bajo la anuencia de la Inmobiliaria Nacional, ya que este es el encargado de las
construcciones.
“Con ese documento de adjudicación las personas pueden ir hasta un registro y formalizar.
De igual manera, durante los primeros cinco años de la adjudicación se puede vender,
reparar o traspasar el bien, siempre y cuando sea notificado a la Inmobiliaria Nacional,
porque son ellos quienes tienen la primera opción de compra para poder vendérsela a otra
familia.
Asimismo, indicó que se debe notificar la reparación o adecuación porque no puede venir
cualquiera y poner una peluquería en un bien que se hizo con un fin habitacional”, señaló.
Después de los cinco años, y si ya está cancelada la vivienda, el propietario no debe
notificarle al Estado cualquier trámite que se realice.
“Puede vender, siempre y cuando lo haga en los montos establecidos y sin especular con el
precio. El monto debe ser correlativo a la suma en el que el Estado le vendió la casa”,
explicó el ex ministro.
Agregó que también hay otras formas de propiedad de la Misión, no solo la de
adjudicatario. “Hay gente que tiene el terreno y le piden el apoyo al Estado para construir
su hogar. También hay quienes solo piden asesoría técnica porque ya tienen el terreno y u
na parte de la construcción adelantada. Estas personas no necesitan ningún documento de
propiedad o adjudicación porque están solicitando solo ayuda. El Estado se las otorga y no
exige ningún pago”.
Aunque existen más de 15 decretos que amparan a las personas que reciben estas
propiedades, desde la nueva Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley que a juicio de Molina es redundante.
“Se busca disfrazar la mercantilización de las viviendas otorgadas al pueblo. Que los
terrenos para la Gmvv vuelvan a ser tasados según la ley del mercado y no con el precio
justo como está establecido en la ley actual”, afirmó.
La iniciativa de la oposición pretende que el sector privado (la Cámara Inmobiliaria y la de
la Construcción) pongan las reglas y los precios, sentenció.
Beneficiario vs propietario. Los habitantes de los urbanismos no tienen dudas de que esos
inmuebles les pertenecen, aunque en la Asamblea Nacional se introdujo a principios de este
año un proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de propiedad a beneficiarios de la
Gmvv, por parte de los diputados de oposición.
El documento consta de 12 artículos que serán discutidos y que tienen como objetivo
regularizar el otorgamiento de titularidad de la propiedad a quienes han sido beneficiados.
Según el diputado Julio Borges, personas que habitan estos urbanismos son solamente
beneficiarios y no propietarios.
El pasado jueves, esta ley fue aprobada en primera discusión y el diputado de Primero
Justicia explicó, entre otras cosas, que el artículo 8 estipula que a partir de su publicación, el
Ejecutivo Nacional tendrá un lapso de seis meses para materializar el otorgamiento de
titularidades y no de 5 años mínimo como es actualmente.
En la práctica, las personas que fueron adjudicas con viviendas (o quienes estén esperando
que les sean entregadas) podrán ser titulares de la propiedad casi inmediatamente después
de la entrega.
Por supuesto, deberán cumplir las normas de convivencia que incluye el no usar el
inmueble para otros fines que no sean residenciales.
Borges ha insistido en que la idea es que exista un dueño de la propiedad, un jefe de familia
y no varios.
Según el diputado, en el sector Tocoma del municipio Sucre unas personas fueron
desalojadas de los urbanismos luego de las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, no presentó pruebas de esta acusación (tampoco fue conocido públicamente
este supuesto hecho).
Acotó que a través de esta ley se busca dar paso a una auditoría completa de la Gmvv,
debido a las denuncias que se han presentado en algunos estados. También Borges plantea
la necesidad de actualizar el registro.
Participación privada. Dentro de las construcciones que se han hecho en todo el país
también ha estado la mano de obra privada.
Aquiles Martini, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, señaló que las viviendas
construidas para la clase media (a través del 0800mihogar) están a cargo de empresas
contratadas por el Estado.
El año pasado, el sector privado levantó casi 10 mil viviendas. “El problema está en la
valorización que le da el Gobierno a la casa”. Según Martini, el precio debe ser mayor al
asignado por el Gobierno porque los materiales son más costosos que lo que el Gobierno
estipula. Narkus
“Con las casas de interés social se otorga un título de adjudicación que explica el uso que
puedes dar a la vivienda. Lo llaman propiedad multifamiliar porque el cabeza de familia
debe tener la autorización de todos los habitantes de la casa para poder hacer cualquier
cosa, e incluso lo debe notificar al consejo comunal del urbanismo. Eso limita la propiedad
privada. Además, el terreno tampoco le pertenece al adjudicatario”, dijo.
Ese terreno no es de la persona porque es municipal o de alguien a quien se lo expropiaron.
“La idea es que los beneficiarios pudieran vender la casa al valor que se compró más el
Índice de Precio al Consumidor (IPC)”, asegura Martini, es decir, a precio de la inflación del
momento.
Soluciones a Corto Plazo
Luego de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión el proyecto de Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gmvv, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, decretó la creación del Sistema Nacional de Registros Públicos
Inmobiliarios Especiales de la GMVV. La idea es proteger la propiedad con un registro más
formal y garantizar la continuidad en la construcción.
También el Presidente de la República aprovechó para autorizar un incremento de los
beneficios para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos
mensuales entre 3 y 15 salarios mínimos (Bs 28.947 a Bs 144.735) para extenderlos hasta 20
salarios mínimos (Bs 192.980) y así favorecer a la clase media profesional y trabajadora en
general de todo el país.
