El dictamen que lo destituyó de su función y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos fue denunciado como una señal de peligro para la democracia regional por ocho alcaldes y alcaldesas de la Red de Ciudades Suramericanas, reunidos aquí en un foro internacional sobre Seguridad Humana Urbana.
Se trata de un hecho de extrema gravedad, alegaron, y un duro golpe a la gobernabilidad de la capital colombiana.
El argumento esgrimido por Ordóñez fue un presunto mal manejo de Petro de la crisis de recolección de basura registrada en Bogotá en diciembre de 2012, surgida por la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo de la ciudad, encomendado a la empresa pública de Acueducto y Alcantarillado.
Hasta entonces, en los 11 años anteriores, ese servicio estuvo en manos de cuatro grupos de empresarios privados, que lo convirtieron en un negocio millonario y urdieron la crisis que desembocó en el caos sanitario que vivió Bogotá el 18 de diciembre de 2012, como lo asegura el abogado Manuel Sánchez.
El fiscal Eduardo Montealegre, que no escatimó desde el inicio sus críticas a la sanción impuesta por Ordóñez, tras calificar de "medieval e inquisitorio" el modelo de justicia del Ministerio Público, decidió inspeccionar el expediente que determinó la destitución e inhabilitación de Petro.
Según fuentes de ese ente judicial citadas por el diario El Espectador, era la única manera de que la Fiscalía tuviera acceso a esas pruebas relacionadas con el caso, que era preciso recaudar a la mayor brevedad, de acuerdo con los objetivos del vicefiscal Jorfe Perdomo, quien está a cargo de la investigación correspondiente.
Por su parte, Montealegre había dejado clara desde un inicio su posición al respecto. "Es altamente antidemocrático, dijo, que un funcionario elegido popularmente sea destituido a través de un proceso que no es garantista, y por un funcionario que no tiene naturaleza judicial".
Los argumentos masivos de los colombianos apuntaron siempre en esa misma dirección. El señor Ordoñez prácticamente le ha dicho al país que la democracia no existe y que el voto de los ciudadanos es basura, afirmó un bogotano de a pie, que prefirió el anonimato.
"Con esta postura, ese señor ha sellado su muerte política, pues los ciudadanos exigimos su renuncia o que sea retirado de ese ente público".
"Han sido muchas las fallas que este procurador ha cometido contra del futuro de Colombia. Ha demostrado que es enemigo jurado de la paz", añadió.
Mientras, la temperatura política del país y de la capital bogotana se caldea por minutos y Montealegre deja entrever que las funciones del procurador pueden ser replanteadas en su totalidad.
Miembros de la guardia indígena se encuentran ya en la capital y otros 300 viajaron desde el sureño departamento del Cauca, con sus bastones de mando, para acompañar a Petro en la gran movilización por la paz y la democracia, una cita de honor convocada para mañana, viernes.
El alcalde dejó ahora de ser el protagonista, manifestó Petro el martes pasado ante miles de bogotanos en la Plaza Bolívar.
"Ahora el protagonista es el pueblo. Es el momento de ustedes", postuló. Petro se queda fue el clamor en respuesta.
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