los operativos son más fáciles en día de fiesta y de noche”. funcionario jubilado de gran experiencia en la frontera colombo venezolana.
17 de diciembre de 2013.- El día de ayer, 30 funcionarios de tres cuerpos policiales distintos ejecutaron un desalojo violento contra la comunidad campesina wayúu de Santa Inés en Machiques de Perijá, Estado Zulia a favor de una medida cautelar dictada por el tribunal Agrario del Zulia representado por el Juez Castillo Soto que se ha presentado en persona en el lugar. Los cuerpos policiales en operación conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía regional del Estado Zulia y la Policía Municipal de Machiques (Polimachiques).
Después de meses de acoso nocturno, ataques de sicarios, maltratos y torturas, quema de casas y enseres domésticos y tras una historia de varios desalojos y crímenes contra esta comunidad, el tribunal Agrario del Estado Zulia decide cumplir contra lo que evidentemente es un contrato de servicios a una mafia judicial que cobra vacuna de protección a negociantes de tierras en lo que parece ser el final de cualquier intento de reforma agraria en el Zulia. Esta mafia a la que pertenece Castillo Soto es dirigida por Imelda Rincón Ocando y fue instalada en el Poder Judicial por el actual flamante embajador de Venezuela en el Reino de España, Ivan Rincón, antiguo abogado de terratenientes, cuando fue Presidente del TSJ.
El Juez Castillo Soto se hizo presente por primera vez en el predio a mostrar su medida cautelar a favor del negociante de tierras y contratante de jueces y sicarios Tomasso Comte, burlando con esta una Amparo Constitucional del TSJ a favor de las familias de Santa Inés. Este acto, apoyado por funcionarios corruptos del INTI en Machiques, ya ausentes de cualquer vocación a favor de la lucha por la tierra de los campesinos.
“Proteger a los niños”. La misma táctica usada contra los yukpas de Sabino.
El despliegue de funcionarios en el desalojo evidencia la coherencia con la que actuan los intereses mafiosos en el estado gobierno independientemente del color político que abanderen. Una delegación del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolecentes se ha presentado a informarles a las madres y familias wayúu de Santa Inés que están poniendo en riesgo a sus hijos menores de edad al “hacerlos parte del acto ilegal de invadir estas tierras”. La misma táctica usada contra los yukpa que protestaron frente a los tribunales de justicia para criminalizarlos y golpear y desmovilizar a algunos de sus aliados.
Orden de captura contra el compañero Román Carrillo
Se le dijo a hermanos wayúu en Machiques que la Fiscalía había emitido una orden de captura contra el activista campesino chavista, Román Carrillo, que acompaña a la comunidad de Santa Inés en esta lucha, Carrillo, militante de la reforma agraria impulsada por Chávez ha recibido amenazas constantes de sicarios y del propio Tomasso Comte quien atacó su casa en Machiques y dejó una nota firmada personalmente. Ninguna denuncia a los organismos de defensa de los derechos y a las instancias judiciales ha sido procesada.
El derecho a la tierra. El fin de la ilusión.
la coherencia con la que actúan los organismos represivos e instituciones, impensable a la hora de proteger un derecho de los campesinos e indígenas, en pleno proceso de criminalización del pueblo wayúu en la región uno de los últimos pueblo que consevan niveles de autorganización y autonomía en la región y del país, sin que nadie a ningún nivel se de por enterado. evidencia que cualquier ilusión constitucional de restituir la tierra a los campesinos e indñgenas ha terminado como asunto gubernamental.
Las familias wayúu han decidido seguir en estas tierras y no piensan retirarse del camellón a donde los cuerpos represivos han arrojado sus pertenecias mientras desmantelan sus prearias viviendas y destruyen sus siembras
17 de diciembre de 2013.- El día de ayer, 30 funcionarios de tres cuerpos policiales distintos ejecutaron un desalojo violento contra la comunidad campesina wayúu de Santa Inés en Machiques de Perijá, Estado Zulia a favor de una medida cautelar dictada por el tribunal Agrario del Zulia representado por el Juez Castillo Soto que se ha presentado en persona en el lugar. Los cuerpos policiales en operación conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía regional del Estado Zulia y la Policía Municipal de Machiques (Polimachiques).
Después de meses de acoso nocturno, ataques de sicarios, maltratos y torturas, quema de casas y enseres domésticos y tras una historia de varios desalojos y crímenes contra esta comunidad, el tribunal Agrario del Estado Zulia decide cumplir contra lo que evidentemente es un contrato de servicios a una mafia judicial que cobra vacuna de protección a negociantes de tierras en lo que parece ser el final de cualquier intento de reforma agraria en el Zulia. Esta mafia a la que pertenece Castillo Soto es dirigida por Imelda Rincón Ocando y fue instalada en el Poder Judicial por el actual flamante embajador de Venezuela en el Reino de España, Ivan Rincón, antiguo abogado de terratenientes, cuando fue Presidente del TSJ.
El Juez Castillo Soto se hizo presente por primera vez en el predio a mostrar su medida cautelar a favor del negociante de tierras y contratante de jueces y sicarios Tomasso Comte, burlando con esta una Amparo Constitucional del TSJ a favor de las familias de Santa Inés. Este acto, apoyado por funcionarios corruptos del INTI en Machiques, ya ausentes de cualquer vocación a favor de la lucha por la tierra de los campesinos.
“Proteger a los niños”. La misma táctica usada contra los yukpas de Sabino.
El despliegue de funcionarios en el desalojo evidencia la coherencia con la que actuan los intereses mafiosos en el estado gobierno independientemente del color político que abanderen. Una delegación del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolecentes se ha presentado a informarles a las madres y familias wayúu de Santa Inés que están poniendo en riesgo a sus hijos menores de edad al “hacerlos parte del acto ilegal de invadir estas tierras”. La misma táctica usada contra los yukpa que protestaron frente a los tribunales de justicia para criminalizarlos y golpear y desmovilizar a algunos de sus aliados.
Orden de captura contra el compañero Román Carrillo
Se le dijo a hermanos wayúu en Machiques que la Fiscalía había emitido una orden de captura contra el activista campesino chavista, Román Carrillo, que acompaña a la comunidad de Santa Inés en esta lucha, Carrillo, militante de la reforma agraria impulsada por Chávez ha recibido amenazas constantes de sicarios y del propio Tomasso Comte quien atacó su casa en Machiques y dejó una nota firmada personalmente. Ninguna denuncia a los organismos de defensa de los derechos y a las instancias judiciales ha sido procesada.
El derecho a la tierra. El fin de la ilusión.
la coherencia con la que actúan los organismos represivos e instituciones, impensable a la hora de proteger un derecho de los campesinos e indígenas, en pleno proceso de criminalización del pueblo wayúu en la región uno de los últimos pueblo que consevan niveles de autorganización y autonomía en la región y del país, sin que nadie a ningún nivel se de por enterado. evidencia que cualquier ilusión constitucional de restituir la tierra a los campesinos e indñgenas ha terminado como asunto gubernamental.
Las familias wayúu han decidido seguir en estas tierras y no piensan retirarse del camellón a donde los cuerpos represivos han arrojado sus pertenecias mientras desmantelan sus prearias viviendas y destruyen sus siembras
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