Hace 11 años la derecha pretendió estrangular la economía para provocar un estallido social

Hace once años, el 2 de diciembre de 2002, la alianza opositora al Gobierno constitucional del Presidente Hugo Chávez, convocó nuevamente a un paro patronal que desencadenó en un sabotaje a la industria petrolera nacional, que duró 63 días y fue derrotado por la resistencia del pueblo.
Posterior al fracaso del golpe de Estado de abril de 2002, y al restablecimiento del hilo democrático, los factores de la derecha continuaron con su estrategia desestabilizadora para ocasionar el desabastecimiento de alimentos y combustible, con el propósito de crear un estallido social y el hundimiento del Estado.
Cifras publicadas por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reflejan que esta acción perpetrada por la derecha produjo daños directos a la industria por más de 15.400 millones de dólares, mientras que las pérdidas totales para la nación se estiman en más de 20.000 millones de dólares.
Asimismo, se originó una contracción de 9,2% en el Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la actividad económica cayó en un 27,7%.
Ante las escasez de combustible los venezolanos fueron sometidos a largas colas en las bombas de gasolina y miles debieron esperar los camiones con gas licuado, ya que el déficit de bombonas para cocinar alcanzó un 50%.
El sabotaje de 2002 y 2003 también afectó la distribución de alimentos y el traslado de enfermos hacia los centros de atención.

Agresión de la meritocracia

El golpe petrolero pretendió tomar el control de los recursos energéticos de la nación y de los ingresos que devengaban, además de acabar con las políticas justas que estaban siendo incorporadas por Hugo Chávez.
En noviembre de 2001 el Gobierno del líder socialista aprobó 49 instrumentos legales, entre los que se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que regularizaba la participación del Estado en las sociedades mixtas con las transnacionales en materia petrolera, y los tributos que se debían pagar por llevar a cabo actividades de extracción.
Los auto denominados defensores de la meritocracia en Pdvsa y los representantes del sector empresarial, fieles a las transnacionales, calificaron a este instrumento de inconstitucional y tildaron de antidemocrática a la gestión de Chávez, ya que iba en contra del papel, que hasta 1999, cumplió Venezuela como satélite de la economía norteamericana, al suministrar todo el petróleo que este país requería para sostener su aparato industrial y militar.
Durante la llamada apertura petrolera que inició en 1987 las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros como Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; la British Petroleum, de Inglaterra y Repsol, de España, lo que ocasionó que el ingreso fiscal por la actividad petrolera, en más de diez años, fuera apenas de 23 mil 400 millones de dólares.
En su artículo, La plena soberanía petrolera, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, señaló que en este período se privilegió el interés económico de las transnacionales en detrimento del ingreso fiscal petrolero que debía percibir la nación. Regalías de 1% y la inexistencia de impuestos petroleros, relegaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a una mínima participación en el primer negocio del país.
Sostuvo que en la Pdvsa de la meritocracia se impuso una cultura antipopular, que se basó en el traslado de todos los códigos, valores y visiones de las empresas transnacionales.
"Esos valores estaba tan arraigados, que incluso llegaron a decir que el problema de Pdvsa es que era una empresa del primer mundo, que estaba en un país tercermundista", subrayó.
Para derrocar al Gobierno, y bajo el pretexto de una convocatoria a nuevas elecciones, un grupo de trabajadores de la estatal emprendieron el sabotaje de máquinas, computadoras, refinerías y plantas de llenado de combustible.
La falta de suministro afectó a las empresas básicas de Guayana, la producción de crudo se redujo en 70%; mientras que las operaciones de las refinerías de El Palito (Carabobo) y Paraguaná (Falcón) fueron suspendidas.
Asimismo, se produjo la paralización de Intesa, empresa que administraba el sistema informático de la industria, y se fondearon en las costas venezolanas los buques de PDV Marina, para asegurar el desabastecimiento de combustible.

Soberanía petrolera

Luego de que en febrero de 2013 el pueblo venezolano lograra derrotar las acciones del paro y sabotaje, el Gobierno Revolucionario pudo retomar el control de la actividad petrolera en el país y garantizar que el manejo de los recursos generados de la misma, estuvieran al servicio de la mayoría de la población y no de unas élites privilegiadas.
"La soberanía y la independencia en el manejo de nuestros recursos naturales, la independencia en la promulgación de todas las leyes que consideremos necesarias de acuerdo al mercado petrolero, es lo que nos ha permitido tener una base económica para el desarrollo de nuestro pueblo", sostuvo el ministro Ramírez.
Durante la Revolución Bolivariana ha habido un importante incremento de los ingresos fiscales, que han sido distribuidos en aportes al desarrollo social.
Parte del proceso de construcción de la nueva Pdvsa se debió a la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, con la que se garantizó que el país tuviese ingresos justos como otras naciones del mundo, llevando la tasa de regalía del 1% de la Apertura Petrolera de la Cuarta República, al 33,33%.
Antes de esto, de cada 100 barriles producidos, ellos, las transnacionales, se llevaban 99 y al pueblo venezolano le quedaba 1.
Adicionalmente, se logró ajustar el impuesto sobre la renta petrolera del 34% al 50%, y se restableció la mayoría accionaria por parte de Venezuela y el control operacional de la empresa.
Otro paso importante en la política de plena soberanía petrolera, emprendida bajo el liderazgo del Comandante Eterno, Hugo Chávez, fue la recuperación de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), concretada en 2007, y que comprendió la nacionalización de 33 convenios cooperativos, 11 proyectos de asociaciones y todas las operaciones acuáticas, taladros y actividades de compresión de gas y de agua.
Ramírez recordó que los oligopolios internacionales argumentaban que en la referida zona, de más de 55 mil kilómetros cuadrados, sólo se encontraba bitúmen extrapesado y por ende había que venderlo al precio del carbón, muy por debajo del precio del petróleo.
Mientras que una vez nacionalizada la FPO, con la implementación del Proyecto Magna Reserva, se pudo comprobar que  la misma cuenta con un inmenso yacimiento petrolero que convierte a Venezuela en la nación con mayores reservas probadas y certificadas del mundo (297.570 millones de barriles netos de crudo).
El horizonte estratégico de la principal empresa del país apunta a alcanzar una producción diaria de 6 millones de barriles diarios en 2019, sustentados en el desarrollo de área del suroeste de la República.