*** La concejal zamorana
rechazó los señalamientos de un supuesto acuerdo entre la fracción amarilla y
el chavismo en el legislativo local
Guatire, 24 de marzo de 2015.- Este martes hacen 8 días de que el Concejo Municipal de Zamora se
declaró en Sesión Permanente para resolver la crisis generada por la
eliminación de 82 puestos de trabajo, que dejó a igual número de trabajadores
sin empleo. Días antes de la declaratoria, el 26 de febrero, los afectados
tomaron las instalaciones administrativas de legislativo local por una semana,
impidiendo el desarrollo de las actividades de los concejales.
Tras la toma, los concejales de Primero Justicia, Ninoska Urbáez y
Silfredo Rubino iniciaron una cruzada para determinar si los procedimientos
seguidos en la eliminación de estos puestos de trabajo había sido ajustado al
marco jurídico nacional. Lo que encontraron fue una serie de irregularidades
administrativas que viene arrastrando la Cámara Municipal de Zamora desde el
año pasado y que termino con un Presupuesto 2015 mal elaborado “desde la
distribución de los recursos hasta la forma en que fue discutido, aprobado y
promulgado”, señaló Urbáez, quien es jefa de la fracción de Primero Justicia.
La edil profundizó en sus señalamientos indicando que “el 22 de
diciembre fuimos convocados los 9 concejales a una sesión extraordinaria para
aprobar el Presupuesto 2015. Nosotros no asistimos a esa sesión e informamos
que no avalaríamos ese presupuesto, ni siquiera con nuestra presencia, porque
los recursos no estaban bien distribuidos y se generaría un déficit al Concejo.
Sin embargo, el presupuesto fue aprobado por la mayoría, esto es, 4 concejales
de oposición y 3 del chavismo lo aprobaron”.
Pese a esto y a que ese documento del 22 de diciembre fue enviado
a la alcaldía para recibir el ejecútese “el 23 de diciembre hubo una nueva
sesión extraordinaria con el concurso de los mismos 4 concejales de la
oposición y un chavista suplente”, relató la edil, fue a partir de ese momento
que comenzaron las violaciones a todas las leyes y normas que rigen al Poder
Público Municipal e incluso a la Constitución, toda vez que en esa sesión se
decidió encargar a la directora de Planificación y Presupuesto de la eliminación
de 82 puestos de trabajo, se modificó el presupuesto y el mismo fue publicado
sin la firma de la alcaldesa.
Esto puso al Concejo Municipal en una situación jurídica y
política complicada, “Nos dejaron la Cámara al borde del colapso que hoy tenemos
y que estamos intentado detener”, dijo la concejal de la tolda amarilla. En
enero, como en todo el legislativo, se nombró una nueva directiva, en la
presidencia resultó electo Isrrael González del Partido Social Cristiano COPEI,
en las primera y segunda vicepresidencias Ninoska Urbáez y Silfredo Rubino.
Desde ese momento comenzaron los problemas, desde el mismo primer día, el
concejal Silfredo Rubino y yo intentamos reunirnos en Junta Directiva con
Isrrael González, pedimos el presupuesto que se ejecutaría y comenzamos a
solicitar una serie de documentos, como el informe técnico en el que se
explicaba el procedimiento para la eliminación de los cargos. Además,
comenzamos a ver una serie de irregularidades”.
Relata la edil que la primera situación conflictiva ocurrida este
año con los trabajadores del Concejo ocurrió en enero, cuando la alcaldesa se
negó a entregar el doceavo correspondiente y públicamente dijo que no
entregaría recursos a los “concejales ladrones de la oposición”. Esto prendió
aún más las alarmas: ¿Por qué si el Presupuesto había sido enviado en diciembre
y ya estaba promulgado, ella ahora se negaba a pagar? “La respuesta la
obtuvimos los primeros días de febrero cuando el administrador de la alcaldía,
personalmente, fue a entregar los recursos. Tuvimos una larga conversación, fue
allí que comenzamos a tener la información de todas las irregularidades:
presentaron un presupuesto y ejecutarían otro, durante el año 2014 no fue
publicada la Gaceta Municipal, se aprobaron Ordenanzas y no fueron enviadas
para recibir el ejecútese y pare usted de contar”.
En el grupo de los 82 eliminados, un importante porcentaje son
chavistas, sin embargo, “son igualmente trabajadores”. En Primero Justicia, no
nos va a detener un color político a la hora de defender a quienes son
atropellados, para nosotros lo primero es la justicia y estos hombres y mujeres
fueron botados sin tener derecho a la defensa, no se consideró el fuero
maternal y paternal en varios casos, los reposos por razones médicas y hasta
casos de jubilados encontramos en la lista. Eso es lesionar a los trabajadores,
eso es lesionar al municipio y lo más importante eso es romper el único pacto
que hemos hecho y que es con la justicia y con el pueblo de nuestro municipio
Zamora”, apuntó Urbáez.
“Al conocer los detalles e ir profundizando en el caso encontramos
que ya el 26 de enero el Síndico Municipal se había pronunciado sobre lo que
estaba ocurriendo en el Concejo Municipal, esa información nos fue secuestrada
al resto de los concejales. Acudimos a la Contraloría Municipal y allí también
nos indicaron que el procedimiento era incorrecto y que de esto había sido
informado el presidente de la Cámara, Isrrael González”, por lo que explica
Urbáez, “decidimos apoyar las propuesta de los concejales chavistas, de
destituir a los principales responsables de estos hecho: la directora de
Planificación y la de Administración, que a la fecha, 4 días después, no han
acudido al Concejo a entregar sus cargos. Si por actuar en función de resarcir
el daño causado al patrimonio municipal y al pueblo de Guatire, nos acusan de
haber pactado con el chavismo, adelante, la unidad no es un chantaje, la gente
que votó por nosotros merece respeto, esconder y tapar las irregularidades y
los atropellos de 4 concejales, es irrespetar a nuestros pueblo”.
La semana pasada también fue destituida la Secretaria Municipal,
Vianelby Sojo, quien habría violado el Reglamento de Interior y de Debates y se
habría prestado para “esconder y tapar todos los hechos relatados”, destacó
Ninoska Urbáez. Además, el viernes se nombró una comisión para investigar la
responsabilidad de Isrrael González en este caso y este martes será interpelado
“pese a que ellos no respetaron el debido proceso y por tanto violaron las
leyes de la República, nosotros estamos actuando apegados a las normas y
procedimientos. Esperamos que González responda y no se esconda, porque estos 4
concejales no han asistido a una sola de las convocatorias de la Sesión
Permanente, para resolver esta crisis por la que atravesamos gracias a sus
actuaciones”.
Para Urbáez “las acusaciones que han venido lanzando en contra de
Primero Justicia ocurren porque hemos puesto la lupa a las irregularidades
cometidas por estos 4 concejales amparados en el manto de la unidad. Nosotros
fuimos electos para servir al pueblo y eso haremos. Quien pretenda usar la
unidad para sinvergüenzuras se pone al margen de la gente, nosotros ofrecimos
hacer las cosas de una manera distinta y denunciar la corrupción venga de donde
venga y eso haremos”. Reiteró “Silfredo Rubino, Alfredo Herrera, José Humberto
Morales, Juan José Stabilito y todos los que estamos haciendo los esfuerzos
para resolver los daños causados a estos 82 trabajadores, no hemos pactado con
nadie. El único pacto que hemos hecho es con la justicia y con nuestras
conciencias”.
Puntualizó que “es que por primera vez, en 15 años, que
concejales de una misma bancada se deslindan por las actuaciones de algunos,
por ponerse al margen a la legalidad, es necesario decir que existe un punto de
encuentro porque tanto nosotros como el adversario coincidimos en la defensa de
los trabajadores afectados por todas las decisiones tomadas por 4 personas.
Ninguno de nosotros podría dormir tranquilos sabiendo que hay 82 familias sin
el dinero para hacer mercado”.
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