Este jueves, cientos de pimpineros colombianos realizaron una protesta en la ciudad de Cúcuta, para reclamar al gobierno de Juan Manuel Santos que se ocupe de los problemas económicos por los que atraviesa la población, y cree trabajo formal para las más de 6 mil familias que se dedican al tráfico de combustible que contrabandeaban de Venezuela.
"Nosotros reconocemos que sí es de contrabando, pero ¿qué más hacemos?, Nos toca, nuestras familias nos piden, a nosotros nos llegan recibos de agua, de luz, de gas. ¿Qué hacemos?, ponernos a robar no podemos y de alguna manera buscamos el sustento", testimonió Jesús González, uno de estos vendedores informales colombianos que intentó, contradictoriamente, justificar su ilegal oficio ante la falta de oportunidades y de políticas del gobierno de su país.
"Estamos necesitados, es un momento crítico para nosotros, porque necesitamos mantener a nuestras familias", dijo otro de los pimpineros que tomaron las calles de Cúcuta para exigirle a Santos que haga algo para reactivar la economía de la ciudad tras el cierre de la frontera con Táchira.
Precisamente, esta protesta callejera de "pimpineros", pobladores cucuteños que se dedicaban al contrabando de gasolina ante la pasividad y vista gorda de las autoridades colombianas, evidencia la pobreza y falta de presencia gubernamental en esa zona del Norte de Santander, cuyo negocio ilegal ocasionaba la sangría de recursos venezolanos (gasolina y productos de todo tipo) que se fugaban masivamente a través de un delito que era propiciado por los dirigentes de la ciudad fronteriza en Colombia.
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