Sordidez y sordera en la frontera Por: Maryclen Stelling

Se agudiza la confrontación verbal entre autoridades venezolanas y colombianas a raíz de la actual coyuntura fronteriza. A pesar de "los buenos deseos de entendimiento", se inicia una suerte de diálogo de sordos que distancia, separa y aleja cualquier acuerdo.

Desde el inicio se configuran dos discursos oficiales entre Venezuela y Colombia. Suerte de guerra argumental que, en una relación circular de causalidad, replican y alimentan los medios de ambos países. El planteamiento del presidente venezolano centrado en "sanar de raíz la vida "en la zona y construir conjuntamente "una nueva frontera", en donde cada quien asuma sus responsabilidades. El del colombiano expresado en "la prioridad sigue siendo nuestros compatriotas deportados. No descansaremos hasta que recuperen sus vidas".
Venezuela plantea revisar "integralmente" las relaciones con Bogotá, pretensión que se diluye a medida que se van "agriando" las relaciones y las demandas se van volviendo puntuales. El presidente Maduro se mantiene firme en su decisión de no abrir la frontera hasta tanto haya unas "condiciones mínimas". Exige insistentemente a Santos que prohíba en su territorio la venta de productos venezolanos "sacados con el contrabando y el bachaqueo, además requiere el cierre de las casas de cambio en Cúcuta que "atacan el bolívar". Maduro espera que en Bogotá recobren la sensatez" y que "cese la campaña de odio". Propone la creación de una comisión suramericana de la verdad que evalúe la situación fronteriza.
Colombia evade la posición venezolana y se aferra al tema de los DDHH. Estudia llevar ante Corte Penal a la cúpula civil y militar venezolana, pues considera que hay elementos para denunciarlos por crímenes de lesa humanidad. La canciller Holguín elevará el caso ante la CIDH, el secretario general de ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones. Santos concede reunirse con Maduro si cumple tres condiciones relacionadas con el respeto "a los derechos fundamentales de los colombianos". La apertura de un corredor humanitario; la recuperación de los enseres de más de 11.000 colombianos que han salido de Venezuela y que el Gobierno venezolano "cumpla con los protocolos mínimos y no maltrate a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela".