"Los derechos humanos se convirtieron en la excusa del Departamento de Estado de los EEUU y de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), para entrar en los países del sur del mundo (...) Hay un discurso de doble moral en el cual los derechos humanos se están utilizando, única y exclusivamente, como mecanismo para la intervención", expresó en una entrevista realizada por el programa Zurda Konducta, transmitido por Venezolana de Televisión.
Agregó que otro de los mecanismos utilizados por el gobierno norteamericano para el intervencionismo es la lucha antidroga, recordando que la nación estadounidense es considerada la principal responsable del problema de las drogas en el mundo.
Durante la entrevista, Pérez Pirela criticó las declaraciones ofrecidas por el opositor Julio Borges en la Asamblea Nacional (AN), quien señalaba que su partido, Primero Justicia (PJ), se creó en 1992, con el objetivo de crear un camino para el respeto de los derechos humanos en la nación.
"La concepción de DDHH que plantea Julio Borges, si realmente se estudia la carga semántica, simbólica, que su discurso posee, no es otra cosa que un partido político justicialista, de derecha, o extrema derecha, que toma los derechos humanos como mecanismo para arrodillar, a través del apoyo estadounidense a los países del sur del mundo, en este caso Venezuela", enfatizó.
EEUU vinculado a ataques desestabilizadores en el país
En transmisión de Venezolana de Televisión, el también filósofo y escritor indicó que el gobierno de Barack Obama se encuentra al frente de los ataques desestabilizadores y golpistas que se pretenden ejecutar en el país.
"Los EEUU evidentemente están metidos en la desestabilización de Venezuela. Que no lo quiera creer un sector en del país, bueno, que no lo crean", manifestó.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció el pasado 12 de febrero, un nuevo intento de golpe de Estado contra del Gobierno legítimo y el pueblo de Venezuela, en el que estaban involucrados oficiales de la Aviación Militar y civiles, con respaldo del Gobierno de Estados Unidos.
Suspensión de garantías como norma
El 27 y 28 de febrero de 1989, en Venezuela se vivió una rebelión popular, denominada El Caracazo, donde el pueblo, en rechazo a las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), decidió salir a la calle a mostrar su descontento.
En este hecho ocurrió una de las mayores violaciones a los derechos humanos, cuando el Gobierno Nacional para reprender las manifestaciones, decidió suspender las garantías constitucionales en el país, decretar un toque de queda que comenzaba a las seis de la tarde y activar en Caracas el Plan Ávila, que permitía el Ejército usar armas de guerra para contener las manifestaciones.
Al respecto, Pérez Pirela manifestó que "la suspensión de las garantías constitucionales no era una excepción, era una regla" dentro de los gobiernos de la IV República.
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